Los "horrores" que se escucharon en el debate por el distrito Malargüe

Las intervenciones durante el debate por el distrito minero de Malargüe volvieron a mostrar por qué el paso para obtener el aval legislativo carece es mal utilizado por ciertos sectores políticos.

Edu Gajardo / Memo Diario

El tratamiento del expediente de Malargüe Distrito Minero Occidental, MDMO, en la Cámara de Diputados de Mendoza ya tenía un resultado anticipado, no sólo por la mayoría del oficialismo, sino por el acompañamiento que esperaban obtener desde otros sectores como el justicialismo.

Finalmente hubo una amplia mayoría, pero también hubo intervenciones que vuelven a generar preocupación, porque vienen a confirmar que el artículo 3° de la Ley 7.72 (el cual establece que haya un aval político para las declaraciones de impacto ambiental) carece de razón, porque ponemos decisiones técnicas en manos de actores políticos ocasionales que votan lejos de un razonamiento basado en aspectos científicos.

De hecho, y peor, es que los mismos legisladores intervinientes pedían que les dejaran pasar sus impresiciones técnicas (horrores), porque lo que estaba sucediendo en el recinto era una "discusión política".

Aún reconociendo que el número de diputados más informados y preparados creció respecto a otros procesos, el hecho que existan grupos de legisladores que siguen votando en base a lo que pienso, siento o lo que me dicen, hace que el debate no tenga la validez que requiere una evaluación técnica.

Las pepitas de cobre

Aunque hubo muchas imprecisiones y discursos flojos desde lo técnico, hubo dos intervenciones que llamaron la atención por encima del general. La primera fue del diputado de Protectora y aliado del PJ, José Luis Ramón, y la segunda fue de la representante del Frente Renovador, la productora del Este Gabriela Lizana.

En el caso del exsocio de Mario Vadillo, desde que ocupa un lugar en la Legislatura ha tenido una postura antiminera, pero lo más llamativo de su intervención del miércoles fue que el mismo se alejó de los aspectos técnicos a la hora de justificar su abstención, apuntando a la "calidad institucional".

"Mi voto no se centra en la cuestión ambiental, sino en la falta de calidad institucional que tienen para llevar adelante los proyectos mineros", manifestó el legislador.

Este tipo de intervenciones son, precisamente, los que generan dudas en los inversores, porque un diputado que debería -en teoría y aunque nunca se reglamentó la 7.722- referirse a los proyectos, vota apuntando a la calidad institucional de una gestión. La pregunta que cabe es qué tiene que ver un inversor con la gestión de un gobierno, porque el avance o no de una DIA es un perjuicio para el desarrollo de un proyecto y para el inversor que tiene que apuesta por Mendoza para poner importantes sumas de dinero.

Pero además de ese punto, el legislador destacó sus visitas a la zona en la que están los proyectos del distrito (las que dijo que realiza desde el 2015). Dijo que que pudo comprobar en terreno la presencia de mineral y,  particularmente, en las propiedades de Apeleg SA (la firma que tiene 19 proyectos en esta primera tanda de MDMO) donde -según dijo- "el cobre sale solo" y hay "pepitas de cobre". Esto último, haciendo un paralelismo con la fiebre del oro y pasando por alto que es necesario procesar para separar el cobre de la roca esteril.

"Se ven colores azules, colores verdes", dijo categórico, pero sin detenerse en un detalle no menor. Todo lo que vio a simple vista, casi con seguridad es cobre u otros minerales diseminados superficiales. Estos, entran en la categoría de oxidados, que pueden generar entusiasmo, pero no necesariamente indican la presencia de un yacimiento con el volumen suficiente para desarrollar una mina. De hecho, y tal como señalamos en una nota anterior, ese cobre diseminado superficial (que es la única presencia que se puede confirmar sin necesidad de perforar), no puede procesarse porque necesita de ácido sulfúrico para ser lixiviado. Entonces, puntos más o puntos, la cuestión es que los legisladores a la hora de tomar sus decisiones lo hacen pensando en muchas cosas, pero no en lo técnico, que es lo fundamental para la industria.

Cosechadores antes que mineros

Aunque hubo otras intervenciones que resultan casi repetitivas a la hora de oponerse a la actividad, como es el nivel de regalías que tiene la actividad sin detenerse en la carga impositiva total y otros aspectos claves, la intervención de la otrora referente de los productores vitivinícolas del Este, Gabriela Lizana, fue la que más llamó la atención por los "datos" que entregó y sus afirmaciones erróneas.

Para solventar su intervención, apuntó a cuestionar la comparación que se hace principalmente con el desarrollo minero de Chile, señalando que el vecino país no es ejemplo de nada y que la minería "no es el Messi" de las actividades productivas.

Un punto es cierto, y lo he reiterado en numerosas ocasiones. Lo referido a las expectativas desmedidas que muchas veces se generan en entorno a la actividad. La minería no viene a solucionar todos los problemas de Mendoza y la Argentina, pero sí es un motor importante para empujar la actividad productiva.

Después de eso, Lizana comenzó a dar cifras y datos que -por decir lo menos- fueron bastante flojos. En primera instancia dijo que no es posible comparar realidades a uno y otro lado de la cordillera, porque -según sus fuentes- en Chile la minería se desarrolla en el norte y no en una zona similar a Mendoza. Aseguró que sus colegas productores le indicaron que "pegado a la cordillera de ustedes tenemos el valle de Casablanca y ahí la minería no va".

Lo primero, es que su afirmación está geográficamente equivocada, porque el Valle de Casablanca está ubicado a 30 kilómetros de Algarrobo, muy cerca de la costa trasandina y no en la Cordillera de los Andes. 

Pero además, con esa afirmación se olvidó de todos los valles de la Región de O'Higgins, bajo El Teniente, y también del valle del Aconcagua, bajo las operaciones de Codelco Andina y Los Bronces. En el valle de Casablanca, en tanto, no hay actividad minera porque, simplemente, no hay mineralización con volumen para desarrollo de proyectos.

Además, y según datos de Vinos de Chile (www.winesofchile.org), entidad que reúne a las principales bodegas exportadoras del vecino país, la región de Chile con la mayor concentración de viñedos es la de O'Higgins (32,7%), una de las dos zonas con mayor producción del metal rojo.

Algo que también llamó poderosamente la atención fue que en su alocución, Lizana dio a entender que en Chile la minería se desarrolló en los últimos 10 o 20 años, olvidando casi 200 años de actividad minera al otro lado de la cordillera. De hecho, en 2021 se celebraron 50 años de la nacionalización del cobre, un proceso que -entre otras cosas- derivó en una nueva forma de desarrollo minero y en la creación de la Corporación del Cobre (Codelco), la empresa estatal chilena.

En otro punto, la legisladora del Este aseguró que la industria minera en Chile es responsable de la emisión del 21% de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los datos actualizados indican que es responsable del 7% de manera directa y sumaría un 10% más, si es que se le suma la parte que consume de la generación de energía eléctrica.

Pero Lizana redobló la apuesta y aseguró que en los próximos años esperan que aumente a 41% el total de emisiones de la minería, un dato que está bastante alejado de los planes que se están impulsando. De hecho, la principal fuente de emisiones en la minería son los equipos que utilizan diesel, los cuales están migrando a la electromovilidad. De hecho, la Política Nacional Minera 2050, en la cual se fijaron los objetivos del desarrollo de la industria para 30 años, apuntan a bajar a la mitad la emisiones en 2030 y llegar a emisión cero en 2040.

Eso, sin mencionar que la minería chilena está reemplazando rápidamente la utilización de aguas continentales por agua desalinizada de mar, con la proliferación de plantas desaladoras.

Pero lo que generó más sorpresa, y muchas suspicacias, fue la afirmación que hizo Lizana en torno al trabajo dentro de la industria minería. Aseguró que los salarios son mejores por "el nivel de contaminación que tiene el trabajo". De hecho, manifestó: "Ustedes mandarían a un hijo a trabajar a una mina, yo prefiero que trabaje en una finca"

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Claramente la legisladora está muy desinformada o sus comentarios tienen alguna intención, porque los estándares de la seguridad en minería son más altos que en cualquier industria. Quizás, la diputada se quedó con la imagen de la minería de la mitad del siglo XX, cuando sí existían problemas de enfermedades por la falta de elementos de seguridad. Hoy, las grandes faenas mineras del mundo cuentan con equipamiento de primer nivel y cada movimiento dentro de sus operaciones está marcado por estrictos protocolos de seguridad.

A la hora del balance, por este tipo de intervenciones es que el filtro político se convierte en impredecible y genera dudas en los inversores, porque las razones que pueden darse para votar en contra de un proyecto tienen un espectro amplio, que puede estar marcado por ideologías o intereses. Es así como en una discusión más en el ámbito legislativo, se confirma lo negativo y poco serio que resulta el artículo 3° de la Ley 7.722.